Reforma judicial

La discusión con relación a la reforma del sistema de justicia no puede transitar por la cantidad de horas que formalmente trabaja un servidor público judicial o si hay feria o no hay feria ni por si los jueces debemos pagar o no impuesto a las ganancias.
Si se aumentan las horas de trabajo y se suprimen días de feria, ellos deben pagarse a los empleados —funcionarios y jueces tenemos dedicación exclusiva — y hoy en la mayoría de los juzgados se trabajan sin que nuestros imprescindibles colaboradores cobren un peso de horas extras. Al cabo, tal modificación no importaría más que blanquear una situación anómala, de las que el sistema de justicia no se privó nunca, porque por años tuvimos “meritorios” no rentados —de hecho, la mayor parte de nosotros logró un puesto efectivo tras mucho tiempo de trabajar bajo esa condición, que resultaba violatoria de derechos constitucionales y de principios y reglas propios del derecho del trabajo y del empleo público—.
Si vamos a tomarnos el asunto seriamente, el Poder Judicial requiere inversión. Los juzgados siguen estando pensados con base en un diseño del Siglo XIX, carente de utilidad y de aptitud para permitir dar una respuesta jurisdiccional adecuada hoy. Debe invertirse en la incorporación de tecnología para la concreción del expediente digital y el desarrollo de infraestructura de firma digital; construir edificios funcionales, con salas de audiencias que permitan la intervención en ellas de múltiples personas, con comodidad y escritorios para que los defensores de cada parte puedan apoyar sus notebooks y carpetas; con tecnología para el registro y la conexión remota; con luz natural; con baños decorosos; con espacios de trabajo que no impongan diarias pruebas de templanza personal a los trabajadores judiciales; con accesibilidad y luz en los pasillos; espacios para el cuidado de chicos, para que puedan entretenerse en un ambiente acogedor mientras sus padres participan de alguna audiencia a la que fueron citados; etc. , para que la justicia no constituya siempre una experiencia sombría.
Se requiere también inversión para que los jueces y el personal judicial recibamos capacitación continua y adecuada a las necesidades planteadas por la cambiante agenda de temas en los que debemos intervenir. El sistema de justicia es el único que designa altos cargos en forma vitalicia y no se preocupa porque se mantengan actualizados con criterio práctico y realista. Y la actualización no debe ser necesariamente jurídica, porque hoy los jueces debemos intervenir en un sinnúmero de cuestiones que involucran nuevas tecnologías y sobre cuyas coordenadas debemos recibir información confiable e imparcial. En un artículo publicado en la Harvard Law Review en el número de junio de 2017 (“Judicial Factfinding in an Age of Rapid Change: Creative Reforms from Abroad” by Allison Orr Larsen), se destaca que con cada vez mayor asiduidad llegan a los despachos judiciales causas sobre temas como los efectos de los video games en el desarrollo cerebral de los chicos o sobre biología molecular y la patentabilidad de la información genética, etc., temas frente a los que es necesario contar con información y formación a los fines de poder adoptar decisiones sobre la base de una adecuada valoración crítica que permita sopesar lo dicho por los peritos.
Debemos ir a las cosas, a lo estructural, a lo profundo y perdurable. Discutir con seriedad sobre cuestiones relevantes; lo demás es pura práctica de lanzamiento de fuegos artificiales para deleite de la tribuna.